Comunicado de prensa / GINEBRA (20 de junio de 2022) – El mundo está siendo testigo de una continua reducción del espacio cívico y un aumento de las violaciones de los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones pacíficas, mientras que los gobiernos de todo el mundo securitizan su abordaje frente a las agravantes crisis, ha declarado hoy un experto de la ONU.
“En lugar de ver la manifestación pacífica como un medio democrático de participación, con demasiada frecuencia los gobiernos recurren a la represión para suprimir las manifestaciones y silenciar las voces de las personas”, dijo Clément N. Voule, Relator Especial de la ONU sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, en un informe presentado al Consejo de Derechos Humanos.
El experto afirmó que la tendencia mundial a militarizar la gestión de las protestas había provocado una escalada de violencia y abusos contra los derechos humanos. Según su informe, los gobiernos de todo el mundo están desplegando sus ejércitos y utilizando tácticas de tipo militar para reprimir las manifestaciones pacíficas, utilizado también tribunales militares para procesar a manifestantes pacíficos.
El Relator Especial advirtió que este enfoque estaba dando lugar a una escalada de violencia y tensiones, abusos contra los derechos humanos y un aumento de la impunidad en el contexto de las protestas pacíficas.
“El enfoque militarizado de la vigilancia policial en manifestaciones tiene un efecto especialmente intimidatorio sobre las mujeres manifestantes, quiens a veces se enfrentan a abusos sexuales como arma para silenciarlas”, afirmó Voule.
El informe destaca tendencias preocupantes en la respuesta a las manifestaciones pacíficas en situaciones de crisis, como la estigmatización generalizada de los movimientos de protesta. “Los Estados presentan las manifestaciones como amenazas a la estabilidad y como detonantes de crisis. Esto se utiliza como pretexto para reprimir los movimientos de protesta”, dijo el experto de la ONU.
El informe del Relator Especial criticaba profundamente el creciente uso de la fuerza ilegal y excesiva vigilancia policial de las protestas, incluido el uso de la fuerza letal.
Las autoridades dan órdenes generales de “disparar a matar” en respuesta a las manifestaciones. También se ha abusado de las armas menos letales para infligir lesiones graves y muerte a manifestantes. Estas violaciones deben cesar inmediatamente y, en su lugar, los Estados deben facilitar el derecho a la manifestación pacífica”, afirmó Voule.
Hizo un llamado a que los Estados garanticen que las personas no sean perseguidas, detenidas ilegalmente, criminalizadas, torturadas, asesinadas o perjudicadas por ejercer su libertad fundamental de reunión pacífica.
El Relator Especial dijo que el abuso de las medidas de emergencia por parte de los Estados para imponer restricciones prolongadas y excesivas con el fin de reprimir las manifestaciones pacíficas se ha convertido en algo habitual, y ha aumentado durante la pandemia de la COVID-19.
“Imponer un estado de emergencia no da carta blanca a los Estados para violar los derechos humanos. Independientemente de la crisis a la que se enfrenten en ese momento, incluso durante un estado de emergencia o de guerra, los Estados están sujetos a obligaciones en materia de derechos humanos. Cuando se disfruta plenamente del derecho de reunión pacífica, prosperan las sociedades pacíficas, democráticas y respetuosas de los derechos”, dijo el experto.
El informe de Voule señala que las medidas de emergencia adoptadas por los Estados para responder a la pandemia de la COVID-19 han añadido otra capa de restricciones que los gobiernos utilizan ampliamente para reprimir la disidencia. “Es a través de la manifestación pacífica que las personas expresan sus quejas en tiempos de crisis, para concientizar sobre el impacto que estas tienen en sus vidas. La manifestación pacífica es un ejercicio de sus derechos fundamentales”, dijo el experto.
El Relator Especial instó a los Estados a interactuar con las personas manifestantes, escuchar sus preocupaciones y abordar las causas profundas de las crisis. Al crear un entorno propicio para las manifestaciones pacíficas y escuchar las demandas legítimas de quienes manifiestan, los gobiernos pueden adoptar políticas más receptivas y justas; alcanzando resoluciones inclusivas, participativas y pacíficas de las situaciones de crisis, dijo el experto.
El Relator Especial también presentó otros dos informes al Consejo de Derechos Humanos en esta sesión. En su segundo informe, Voule exploró el impacto de la restricción del acceso a los recursos financieros de la sociedad civil en su capacidad de funcionamiento. Su tercer informe sobre las conclusiones de su visita oficial a Níger en diciembre de 2021, se centró en la prohibición total de las protestas en el país desde 2018 por motivos de orden público. Pidió a las autoridades de Níger que restablecieran el diálogo con la sociedad civil y los partidos políticos sobre las cuestiones de seguridad, económicas, sociales y medioambientales a las que se enfrenta actualmente el país.
FIN
Clément N. Voule (Togo) fue nombrado Relator Especial de la ONU sobre el derecho de reunión pacífica y de asociación en marzo de 2018. Es abogado y actualmente trabaja en Ginebra en el ámbito de los derechos humanos. Es investigador asociado en la Academia de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de Ginebra. Antes de su nombramiento, dirigió el trabajo del Servicio Internacional para los Derechos Humanos (SIDH). El Sr. Voule también trabajó como secretario general de la Coalición Togolesa de Defensores de los Derechos Humanos, como responsable de campañas de la Coalición por la Corte Penal Internacional de Togo y como secretario general de la sección de Amnistía Internacional en Togo. Desde 2011, el Sr. Voule es miembro experto del Grupo de Trabajo sobre Industrias Extractivas, Medio Ambiente y Violaciones de los Derechos Humanos de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.
Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el organismo más grande de expertos independientes en el sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo del Consejo que abordan situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todas partes del mundo. Los expertos en procedimientos especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven a título individual.
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